El Gobierno realizó una interpretación propia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al reclamo de las universidades por mejores sueldos. Según su lectura, solo quedaron firmes los artículos 4 y 5 de la denominada ley de Financiamiento Universitario, y con los acuerdos paritarios firmados el 10 de junio con los rectores, ya estarían cubiertos 830 mil millones de los 1,3 billones de pesos que contempla el presupuesto de esos artículos para todo el año. No descartan, además, resolver la diferencia restante en una nueva negociación durante el segundo semestre.
Por su parte, las autoridades de las casas de altos estudios sostienen que la resolución del máximo tribunal sí exige el cumplimiento de la normativa ratificada por el Congreso para 2025, luego de ser vetada por el presidente Javier Milei. «Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario», afirmó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
En el Ejecutivo intentaron minimizar el impacto del fallo y argumentaron que, con las negociaciones paritarias pactadas, el sector estaría siendo compensado por un atraso salarial que, reconocen internamente, ya existía desde 2024. Fuentes gubernamentales señalaron que «más de la mitad de lo proyectado por el articulado incluido en el fallo», referido a becas y salarios, ya estaría cubierto con el acuerdo firmado hace tres semanas. Además, enfatizaron que aún no existe una resolución judicial definitiva sobre el recurso de amparo presentado por el Estado en contra de toda la normativa impulsada por bloques parlamentarios aliados.
En la Casa Rosada rechazan hacerse cargo del total presupuestado por la ley de Financiamiento Universitario, que estiman asciende a 3,2 billones de pesos para todo el año. «No hay resolución sobre la cuestión de fondo de la ley», insistieron fuentes oficiales.
A pesar de ello, las universidades expresaron su satisfacción por la resolución de la Corte, aunque el máximo tribunal adoptó una postura salomónica al desestimar el recurso extraordinario federal presentado por la Procuración del Tesoro, pero tampoco otorgar plena razón al sector universitario. Ahora deberán aguardar la decisión del juez de primera instancia Martín Cormick, quien deberá validar el acuerdo alcanzado recientemente.
En medio de las quejas y recursos judiciales en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, los rectores y el Ministerio de Capital Humano suscribieron el 10 de junio un acta acuerdo con organizaciones gremiales docentes y no docentes para una recomposición salarial. Según este entendimiento, el Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales fondos para incrementar la masa salarial en un 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre, sobre los básicos de septiembre de 2026.
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