TRABAJAN 12 HORAS DIARIAS, COBRAN MENOS DE LA MITAD DE LA ESCALA SALARIAL, Y HAY 50 FAMILIAS AFECTADAS

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La situación de los trabajadores de seguridad que prestan servicios en el Hospital San Vicente de Paul de Orán vuelve a generar preocupación. En diálogo con Radio A, Javier Romero, secretario general de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), denunció que los empleados de la empresa Centinela SRL atraviesan una grave crisis salarial y laboral.

Según explicó el dirigente sindical, los trabajadores acumulan más de dos meses sin percibir sus haberes y ya ingresan al tercer mes sin cobrar. La situación también genera incertidumbre respecto al pago del medio aguinaldo correspondiente.

Romero señaló que el conflicto no es nuevo y recordó que en otras oportunidades los empleados realizaron acampes frente al hospital y protestas sobre rutas para visibilizar el reclamo, logrando soluciones temporales que luego volvieron a repetirse.

Desde el sindicato sostienen que realizaron denuncias ante el Ministerio de Trabajo, presentaciones formales ante las autoridades del hospital y pedidos de intervención a distintos organismos. Sin embargo, aseguran que las audiencias convocadas no avanzan porque el empresario denunciado, José Rojas, propietario de Centinela SRL, no se presenta.

«Lo que hacen es ganar tiempo mientras los trabajadores siguen sin cobrar», manifestó Romero.

La situación afecta a unas 50 familias de Orán cuyos integrantes cumplen tareas de vigilancia en el Hospital San Vicente de Paul. Según detalló el gremialista, muchos trabajadores realizan jornadas de 12 horas diarias y superan las 240 horas mensuales de trabajo.

Asimismo, denunció que los salarios abonados se encuentran muy por debajo de la escala salarial vigente para la actividad. De acuerdo con UPSRA, un vigilador debería percibir alrededor de $1.584.000, mientras que los empleados de esta empresa estarían cobrando aproximadamente $600.000.

El dirigente también advirtió sobre presuntas irregularidades laborales, indicando que parte de los trabajadores percibirían una porción de sus ingresos en blanco y otra en negro, situación que impacta directamente en los aportes, la cobertura social y otros beneficios laborales.

Romero apuntó tanto contra la empresa prestadora del servicio como contra el Ministerio de Salud de la Provincia, organismo que contrató a la firma para brindar seguridad en hospitales públicos.

«La empresa tiene la responsabilidad de pagar los sueldos, pero también el Ministerio de Salud debe intervenir para encontrar una solución definitiva», afirmó.

La empresa Centinela SRL presta servicios de seguridad tanto en el Hospital San Vicente de Paul de Orán como en el hospital de Salvador Mazza.

Mientras esperan una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, los trabajadores reclaman el pago inmediato de los salarios adeudados, la regularización de sus condiciones laborales y una solución definitiva que permita llevar tranquilidad a las familias afectadas.

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