“DAVID CONTRA GOLIAT”: PIDEN IMPUTAR A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE AGUAS DEL NORTE Miguel Aguirre, padre de uno de los trabajadores fallecidos en la tragedia de Rivadavia Banda Sur, pidió que la investigación penal alcance al directorio de la empresa. Denunció presuntas condiciones laborales precarias, falta de capacitación y ausencia de elementos de protección. La querella sostiene que las responsabilidades no deben limitarse a los cuatro mandos operativos ya imputados. A casi seis meses de la tragedia laboral ocurrida en Rivadavia Banda Sur, donde dos operarios de Aguas del Norte perdieron la vida mientras realizaban tareas en una cámara cloacal, la familia de una de las víctimas volvió a reclamar justicia y exigió que la investigación penal avance sobre los niveles más altos de conducción de la empresa. Durante una conferencia de prensa realizada en el despacho del doctor Javier Molina, con la participación de los abogados de la querella y de los padres de uno de los trabajadores fallecidos, Miguel Aguirre confirmó que, luego de prestar una nueva declaración testimonial, solicitó formalmente a la Fiscalía de Pichanal que se amplíe la investigación y se impute a integrantes del directorio de Aguas del Norte. El pedido apunta especialmente a las máximas autoridades que, según sostiene la familia, tenían responsabilidades en las decisiones económicas, la asignación de recursos y las políticas de seguridad e higiene de la empresa. La querella mencionó expresamente a Ignacio Jarsún y a otro integrante del directorio identificado durante la conferencia como Dib Ashur, además de solicitar que se evalúe la responsabilidad del resto de las autoridades directivas. La Fiscalía deberá resolver si corresponde avanzar con esas imputaciones. “ESTAMOS PELEANDO CONTRA EL PODER”: EL DOLOR DEL PADRE Uno de los momentos más conmovedores de la conferencia fue el testimonio de Miguel Aguirre, quien recordó a su hijo y cuestionó las condiciones en las que, según afirmó, se desarrollaban los trabajos en el interior provincial. “Seguimos devastados como padres, porque consideramos que hemos perdido a nuestro hijo de una manera injusta, pudiendo haberse evitado esta muerte”, expresó, al recordar también al otro operario que perdió la vida en el mismo episodio. El hombre describió el reclamo de justicia como una lucha desigual y lo comparó con la historia bíblica de David contra Goliat. Según manifestó, la familia siente que enfrenta a sectores con poder económico y empresarial, mientras intenta esclarecer las responsabilidades por la muerte de su hijo. Aguirre sostuvo que la investigación no debería detenerse en los niveles operativos de la compañía, sino examinar también las decisiones de quienes tenían a su cargo la conducción y administración de los recursos. En particular, cuestionó que las autoridades empresariales no hayan garantizado, según su testimonio, las condiciones de seguridad necesarias para que los trabajadores pudieran realizar tareas de alto riesgo. DENUNCIAN FALTA DE EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN Durante su declaración pública, el padre de la víctima describió las condiciones en las que, según aseguró, trabajaban los operarios de Rivadavia Banda Sur. Afirmó que los trabajadores del interior realizaban tareas de desobstrucción cloacal con herramientas rudimentarias, como cañas y hierros, mientras que en otras localidades habría observado equipos especializados, camiones desobstructores, bombas, mangueras, cascos, mascarillas y ropa de protección. “Mi hijo hacía la desobstrucción con caña, con fierro que ataban en la punta y lo hacían manualmente”, relató con dolor. También cuestionó la presunta falta de capacitación específica para intervenir en espacios confinados y advirtió que los trabajadores desconocían los peligros que podían encontrar dentro de una cámara cloacal. Según la hipótesis de la investigación, los operarios habrían ingresado sin contar con los elementos de protección y los procedimientos de seguridad necesarios para ese tipo de trabajo. Entre las medidas que debían contemplarse se encuentran la medición previa de gases, el uso de equipos de respiración adecuados, arneses, líneas de vida, sistemas de rescate y protocolos específicos para el ingreso a espacios confinados. La investigación señala que la exposición a gases tóxicos, entre ellos el sulfuro de hidrógeno, habría provocado la descompensación de los trabajadores. El padre también cuestionó la respuesta de la empresa después de la tragedia. Afirmó que la familia tardó en conocer lo ocurrido y relató el impacto emocional que tuvo la espera para recibir el cuerpo de su hijo, así como los mensajes que, según dijo, recibió de un directivo de la compañía. Además, manifestó su malestar por la ausencia de un acompañamiento institucional que él considerara adecuado tras la muerte del joven. QUÉ OCURRIÓ EL 5 DE MAYO EN RIVADAVIA BANDA SUR La tragedia ocurrió el 5 de mayo de 2026, cuando una cuadrilla de Aguas del Norte realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal de Rivadavia Banda Sur. De acuerdo con la reconstrucción difundida por la Fiscalía, después de reemplazar una bomba, los trabajadores advirtieron que la obstrucción persistía. En ese contexto, tres operarios descendieron a una cámara de registro de aproximadamente siete metros de profundidad. Una vez dentro del espacio confinado, los tres se descompensaron. Dos trabajadores murieron y un tercero sufrió lesiones graves. Las autopsias determinaron que los fallecimientos se produjeron por asfixia tóxica. Los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno en uno de los casos, un gas altamente tóxico que puede acumularse en espacios cloacales y provocar pérdida del conocimiento y la muerte. La hipótesis fiscal sostiene que los operarios no habrían contado con los equipos de protección necesarios ni con la capacitación específica para realizar ese tipo de tareas. CUATRO PERSONAS YA ESTÁN IMPUTADAS En el marco de la investigación, la Fiscalía de Pichanal imputó provisionalmente a cuatro responsables vinculados con la estructura operativa y de seguridad de Aguas del Norte. Según la información difundida sobre la causa, las imputaciones alcanzan a responsables de la gerencia operativa del interior provincial, la supervisión de zona y las áreas de higiene y seguridad. La atribución penal comprende presuntos delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, en perjuicio de los trabajadores fallecidos, y lesiones graves en perjuicio del operario sobreviviente. La investigación busca determinar si los responsables incumplieron sus obligaciones de supervisión, prevención de riesgos, capacitación y provisión de los recursos necesarios para garantizar condiciones de trabajo seguras. Durante la conferencia, los abogados de la querella explicaron que las imputaciones actuales se apoyan, entre otras pruebas, en declaraciones testimoniales de compañeros de trabajo de las víctimas, quienes habrían aportado información sobre las prácticas laborales y las condiciones en las que se desarrollaban las tareas. La defensa de los intereses de la familia sostuvo que todavía debe investigarse si las responsabilidades alcanzan también a quienes tenían capacidad de decisión sobre los recursos económicos y las políticas de seguridad de la empresa. Las personas imputadas conservan su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme. LA QUERELLA PIDE INVESTIGAR AL DIRECTORIO El abogado Javier Molina explicó que el objetivo de la querella es determinar las responsabilidades penales de todas las personas que pudieran haber incumplido obligaciones vinculadas con la seguridad de los trabajadores. Según indicó, el pedido de ampliar las imputaciones se fundamenta en la necesidad de examinar quiénes tomaban las decisiones económicas, cómo se distribuían los recursos y qué inversiones se realizaron para garantizar los elementos de protección y la capacitación del personal. La querella también informó que se solicitaron datos sobre los presupuestos de 2025 y 2026, las partidas destinadas a la seguridad de los trabajadores y la ejecución efectiva de esos fondos. De acuerdo con lo expuesto por Molina, esos informes fueron requeridos a través de la Fiscalía, pero al momento de la conferencia todavía no se había recibido la respuesta de la empresa. Para los representantes de la familia, esa documentación podría resultar relevante para determinar si existieron recursos destinados a seguridad, cómo fueron utilizados y si las decisiones adoptadas tuvieron relación con las condiciones laborales denunciadas. El abogado aclaró que la investigación penal es independiente de las cuestiones económicas que puedan tramitarse mediante la ART. Mientras estas últimas corresponden a otro ámbito, la querella busca establecer si existen responsabilidades penales individuales por los hechos investigados. TRES DÍAS PARA RESPONDER EL PEDIDO Molina explicó que la Fiscalía cuenta con un plazo de tres días para responder los pedidos formulados por la querella, según el procedimiento al que hizo referencia durante la conferencia. Si el planteo no recibe respuesta dentro del plazo señalado, la parte querellante puede solicitar que se resuelva mediante un pronto despacho. En caso de que la Fiscalía rechace la solicitud de imputar a integrantes del directorio, deberá fundamentar su decisión. Los abogados adelantaron que podrán recurrir a una instancia superior para solicitar una revisión si consideran que existen elementos suficientes para avanzar. El letrado también señaló que la investigación continúa en etapa preparatoria y que todavía deben completarse algunas actuaciones, entre ellas la declaración de uno de los imputados que no había podido comparecer por un problema de salud. La eventual elevación a juicio dependerá del avance de la investigación y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales. EL RECLAMO DE UNA FAMILIA QUE SIGUE BUSCANDO JUSTICIA Al cierre de la conferencia, la familia volvió a insistir en que la muerte de su hijo podría haberse evitado si se hubieran garantizado las condiciones de seguridad necesarias. Aguirre sostuvo que los trabajadores del interior no habrían recibido el mismo equipamiento que, según su experiencia, utilizaban otras cuadrillas de la empresa, y pidió que se investigue si existieron diferencias en la distribución de los recursos. La querella, por su parte, remarcó que la decisión sobre la ampliación de las imputaciones está ahora en manos de la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la investigación. Mientras esperan una respuesta, los familiares mantienen su reclamo para que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia y se determinen todas las responsabilidades que pudieran corresponder.