Tres provincias argentinas comenzarán a detallar en los tickets de venta de sus comercios locales los impuestos provinciales y tasas municipales que se aplican, en un esfuerzo por transparentar la carga impositiva que soporta el consumidor.
La Ciudad de Buenos Aires y Chubut incorporarán el impuesto sobre los Ingresos Brutos a partir del 1° de septiembre, mientras que Entre Ríos adelantará esta medida desde el 6 de julio e incluirá posteriormente las tasas municipales. Estas fechas responden a los plazos establecidos por normativas provinciales para informar este cambio al público.
Esta iniciativa surge en un contexto de conflicto entre el Gobierno nacional y varios intendentes, principalmente bonaerenses de extracción kirchnerista, quienes han aumentado tasas que, según el oficialismo, no guardan relación con los servicios prestados. En respuesta, el Ejecutivo nacional lanzó un mapa de consulta y un canal público de denuncias sobre eventuales excesos y prepara proyectos para presentar en más de 100 Concejos Deliberantes con el fin de reducir o eliminar la carga tributaria local.
Las tres provincias que avanzan con esta medida lo hacen en el marco del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una ley vigente desde junio de 2024 que desde enero de 2025 obliga a los grandes comercios a detallar impuestos nacionales en los tickets, y que desde abril del año pasado alcanza también a comercios más pequeños.
Hasta ahora, los únicos impuestos que se reflejaban en los comprobantes de compra eran el IVA, los Impuestos Internos sobre bebidas alcohólicas y tabaco, y el Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono en estaciones de servicio. La ley excluye otros gravámenes nacionales como el Impuesto al Cheque y los Derechos de Importación.
Pese a la obligatoriedad vigente en todo el país, ninguna provincia había incorporado hasta ahora el detalle de impuestos locales en los tickets. Este cambio será implementado recién en el segundo semestre en Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos, a partir de la reglamentación de su adhesión al régimen, que no modifica la carga tributaria, sino que solo la informa al consumidor.
Mendoza y Santa Fe aún deben reglamentar su adhesión. Por su parte, Salta dio media sanción a un proyecto local, mientras que Córdoba publicó una resolución que anticipa el envío de una iniciativa similar a la legislatura.
Matías Olivero Vila, presidente de Lógica —la ONG impulsora de la ley de transparencia fiscal— señaló que el avance provincial es lento y criticó la falta de respuestas de varias jurisdicciones. Destacó que, a nivel nacional, los impuestos se reflejaron en los tickets en menos de seis meses sin inconvenientes. Además, sostuvo que el objetivo es profundizar la transparencia fiscal y avanzar hacia un sistema tributario con menos y menores impuestos, destacando que la elevada carga actual se debe a la falta de cultura fiscal. Olivero Vila espera que esta medida ejerza presión sobre otros gobernadores para adherir al régimen.
En la Ciudad de Buenos Aires, la adhesión se formalizó mediante un decreto, tras la eliminación del artículo de Transparencia Fiscal del Código Fiscal horas antes de la votación legislativa en noviembre pasado. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la autoridad encargada de la aplicación y estableció el 31 de agosto como fecha límite para que los comercios adapten sus sistemas y comiencen a reflejar el cambio en las facturas desde septiembre.
El jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, anticipó el detalle y recordó que la Ciudad implementó medidas de alivio fiscal, como la eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos para 150.000 trabajadores no profesionales, la eliminación del Impuesto de Sellos del 1,2% sobre tarjetas de crédito y la exención del mismo para vivienda única, entre otras.
En Chubut, el régimen se aplicará inicialmente a grandes supermercados. La Agencia de Recaudación provincial (Arech) dispuso que deberán discriminar el monto aproximado del impuesto sobre los Ingresos Brutos con la leyenda “Valor aproximado del ISIB Chubut”, calculado con una alícuota promedio del 3,5% sobre el precio neto de la operación, facilitando así el cumplimiento. Esta obligación alcanza a los contribuyentes adheridos al Convenio Multilateral con una base imponible atribuible a la provincia en 2025 igual o superior a 4.000 millones de pesos en ventas mayoristas y minoristas de alimentos en supermercados, hipermercados y minimercados. El plazo límite para la adecuación es el 31 de agosto.
En Entre Ríos, a través de la Administradora Tributaria local (ATER), se incorporarán no solo el impuesto sobre los Ingresos Brutos sino también las tasas municipales, primero de forma voluntaria y luego obligatoria. Los grandes contribuyentes deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos desde los 60 días corridos tras la vigencia de la resolución, es decir desde el 6 de julio, mientras que el resto tendrá un plazo de 180 días.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su interés en avanzar más rápido con el alivio fiscal al sector privado y aclaró que ninguna nueva inversión en la provincia pagará Ingresos Brutos, Impuesto a Sellos ni tasas durante 15 años. Además, destacó que ya están comprometidos 300.000 millones de dólares en inversiones que incluyen a 150 empresas y generan 2.500 empleos.
La implementación de estas medidas busca aumentar la transparencia fiscal y que el consumidor conozca claramente la carga impositiva que soporta al realizar una compra, sin modificar la estructura tributaria vigente