ADRIÁN ZIGARÁN: «ESTA ES LA PARTE DEL PLAN GÜEMES QUE NO ME CIERRA»

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, denunció que Finca Karina, una propiedad ubicada a solo 2 kilómetros antes del paso fronterizo de Aguas Blancas, se ha convertido en un punto clave para el contrabando y el tráfico de vehículos robados hacia Bolivia. Según Zigarán, la finca, propiedad de un ciudadano boliviano de apellido Zalazar, opera como una «aduana paralela», donde ingresan y salen mercaderías ilegales sin control.

«UNA FINCA CON ACTIVIDADES ILEGALES»

Según indicó Zigarán, a pesar de que la ley prohíbe a extranjeros ser dueños de terrenos en zonas fronterizas, Finca Karina pertenece a Zalazar y es administrada por un tal «José», quien habría establecido una red de tráfico ilícito con la complicidad de los propietarios.

El interventor Adrián Zigarán indicó que, según testimonios, por este lugar pasan camionetas robadas, mercaderías de contrabando y hasta «gomones» (embarcaciones usadas para el tráfico), a pesar de estar prohibidos en Bolivia.

Zigarán aseguró que Gendarmería ya está al tanto de la situación, pero cuestionó la falta de acción contundente. «Esta es la parte del Plan Güemes que no me cierra. Hay alguien detrás de esto que no logro identificar, pero tiene otros objetivos», declaró.

«AGUAS BLANCAS EN RIESGO»

El interventor amplia su relato marcando que, la situación se agrava con el nuevo cerco perimetral instalado en Aguas Blancas para controlar el flujo migratorio. Aunque la obra está terminada, el tráfico ilegal se ha desviado masivamente hacia Finca Karina, perjudicando la economía local.

Vecinos y autoridades denuncian que los efectivos de la Prefectura Naval Argentina hacen «vista gorda» mientras los «gomones» descargan mercadería y regresan a Bolivia sin impedimentos.

«DIALOGO CON AUTORIDADES NACIONALES»

Zigarán adelantó que buscará soluciones con el gobierno nacional para frenar este circuito ilegal. «Si todo el volumen de actividad se traslada a Finca Karina, Aguas Blancas sufrirá graves consecuencias», advirtió.

Mientras tanto, la finca sigue operando como un «punto ciego en la frontera», donde la ley parece no llegar.