Tras el grave incidente ocurrido en una escuela de La Paz, donde una adolescente ingresó con un arma de fuego y se atrincheró durante horas, el Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de reforma al Código Contravencional que busca sancionar a las familias de los menores que cometan agresiones o maltratos en el ámbito escolar.
La iniciativa, presentada en la Legislatura provincial por el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, contempla la aplicación de multas económicas de hasta $2.100.000 y un máximo de 50 días de trabajo comunitario para los padres, madres o tutores que no acompañen ni intervengan en la corrección de las conductas violentas de sus hijos.
“El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima y deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío; necesitamos familias presentes y corresponsables”, sostuvo García Zalazar durante la presentación, acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.
Un protocolo de actuación actualizado
El anuncio estuvo acompañado de la puesta en marcha de un nuevo Protocolo de Actuación para instituciones educativas, que establece pasos concretos frente a situaciones de acoso escolar. El documento incluye la detección precoz de los casos, el registro formal, la comunicación inmediata con las familias, la elaboración de un plan de acción urgente, el seguimiento y la clausura formal de cada episodio.
Asimismo, se fijan criterios para determinar la gravedad de los hechos y se prevé la derivación de los estudiantes implicados a equipos técnicos especializados, organismos de protección de derechos de la infancia o la Justicia provincial, según corresponda.
Talleres y mediaciones obligatorias
Más allá de las sanciones económicas, el proyecto establece la convocatoria obligatoria de los adultos responsables a instancias de mediación y talleres de parentalidad. Estos espacios estarán orientados a reflexionar sobre los patrones de agresión, promover aprendizajes y evitar reincidencias, en un marco de corresponsabilidad.
El abordaje se estructura en tres niveles: prevención, intervención inmediata y posvención. En ese esquema, la norma busca fomentar una cultura escolar de convivencia pacífica, proteger de forma rápida y efectiva a las víctimas y, al mismo tiempo, trabajar con los agresores desde una perspectiva de reparación y aprendizaje, evitando la estigmatización.
Antecedentes y casos recientes
El proyecto se impulsa tras una seguidilla de hechos violentos en escuelas mendocinas. El más grave ocurrió el pasado 10 de septiembre en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz, donde una alumna de 14 años ingresó armada, realizó disparos al aire y se atrincheró en el establecimiento, generando pánico entre estudiantes y docentes.
Semanas después, en un colegio de Guaymallén, otra estudiante llevó una réplica de arma, lo que volvió a encender las alarmas.
Además, en junio de este año, un fallo inédito de la justicia provincial condenó a la Dirección General de Escuelas de Mendoza al pago de una indemnización de $4.500.000 a la familia de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela de Godoy Cruz, marcando un precedente en cuanto a la responsabilidad estatal frente a estos casos.
La corresponsabilidad como eje
El Gobierno provincial remarcó que la corresponsabilidad de las familias es “indispensable” para erradicar el acoso escolar. “Necesitamos que los adultos acompañen. La escuela sola no puede resolver un problema que nace en los hogares y se refleja en las aulas”, subrayó García Zalazar.
El proyecto ahora deberá ser tratado en la Legislatura provincial, donde se espera un amplio debate en torno al alcance de las sanciones económicas y su impacto en la convivencia escolar.
Mientras Mendoza avanza con un proyecto que sanciona a las familias por casos de bullying, surge el interrogante: ¿y en Salta, para cuándo una iniciativa similar?