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Los jueces de la Sala I del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini y Ramón Medina por mayoría de votos, y con la disidencia de la jueza Virginia Solórzano, rechazaron un recurso de casación interpuesto por la defensa de A.A. (63), alias “Pichi”, confirmando la pena de ocho años de prisión.
El hombre había sido condenado por la jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán María Laura Toledo Zamora, a la pena de ocho años de prisión efectiva por ser autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia en concurso real.
Los jueces de Impugnación tuvieron en cuenta que la sentencia se encuentra correctamente fundada, que se ha efectuado allí una correcta valoración de los elementos reunidos en el curso del proceso, y da cuenta de los diferentes hechos mediante los cuales el imputado abusaba de sus nietas menores de edad, siempre bajo amenazas ante la posibilidad de que cuenten lo que sucedía.
Además tuvieron presente que como agravantes del delito están “la situación de convivencia, la edad de las víctimas (3) – quienes, por ese entonces, eran menores de trece años ( de 6, 10, 11 años de edad)-, el vínculo de parentesco en línea recta y el concurso material de los delitos atribuidos”.
Estimaron en su resolución que la jueza de primera instancia, tras descartar la figura gravemente ultrajante, consideró que la naturaleza del delito, sus circunstancias modales de ejecución y la especial situación que presentaban las víctimas al momento de los abusos, constituyen pautas que agravan el reproche y, por ende, la sanción penal, mientras que como factores atenuantes, tuvo especial consideración a la ausencia de antecedentes condenatorios del imputado, su adicción al alcohol y la escasa escolaridad y cultura alcanzada. Por ello estimaron adecuada la pena impuesta, consistente en ocho años de prisión.
La denuncia había sido radicada por la Asesora de Incapaces. Las menores habían quedado a cargo de A.A., su abuelo materno, tras fallecer la madre.
Nota: Se omitieron las identidades del autor y de la víctima para preservar la identidad de la misma y su derecho a la intimidad y confidencialidad garantizados por la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.
 

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