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Wilma Camacho, supervisora de Religión en la zona, dialogó con Tempranísimo en el marco del debate que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia por la presencia de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Para hoy en Orán se convoca a una marcha desde Plaza San Martin a horas 19, apoyando este espacio en las instituciones educativas.


"Lo que defendemos es la educación integral de la persona, desde la educación básica, la física, el arte, y también aquello que es trascendente, es decir, nuestra vinculación con un ser superior, llámese Dios, Yavhé, Jehová, etc. Lo que propone la educación religiosa es trabajar los valores de convivencia, los valores humanos, inherentes a las personas, que las vincula con sí mismos y con quienes los rodean. Consideramos que en estos tiempos difíciles la educación en valores debe fortalecerse, hay poco tiempo aúlico para ello, y el espacio de religión puede servir para esto" expresó Camacho.

Agregó que "el niño necesita comprender que no solo hay una religion, sino que también hay otros principios de fe, que debe aprender a respetar, vivir una experiencia diferente, tolerar lo que piensa y cree el otro".

Consultada sobre la presencia tradicional de la fe católica en las escuelas, ya sea desde la veneración a santos o las oraciones al iniciar las jornadas, dijo que "si bien al principio las escuelas estaban vinculadas a la Iglesia Católica, se fue adaptando como el resto del currículum y la sociedad misma que ahora es más pluralista", y que las actividades religiosas nombradas "escapan al área de religión y de los maestros de esta especialidad" responsabilizando a los directivos de cada escuela por permitir o no estas prácticas.

A la par de la marcha que se convoca para esta tarde, desde el Centro de Información Judicial se informó que mañana se reanuda la audiencia pública ante la Corte Suprema en la causa en la que se debate la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Será este miércoles y jueves. Es en un proceso colectivo iniciado por una asociación civil y un grupo de madres contra la provincia. Del acto participan “Amigos del Tribunal”.
 
Actividad en la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación reanudará este miércoles y jueves, a las 10, una audiencia pública informativa en el marco de la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, que tramita ante la Secretaría Judicial N° 1 del Máximo Tribunal, a cargo del secretario Damián Font, de la que participan también Amigos del Tribunal que se presentaron en autos conforme la convocatoria oportunamente efectuada.

Se trata de un amparo colectivo iniciado por una asociación civil (ADC) y un grupo de madres de menores que concurren a la escuela pública de Salta contra el Estado Provincial -Ministerio de Educación de Salta-, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las normas locales que disponen que la enseñanza religiosa integre el plan de estudio y se imparta dentro del horario de clase.

Los actores sostienen que las normas, del modo en que son aplicadas, imponen la religión católica como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas y el adoctrinamiento de menores cuyos padres poseen otras creencias.

La Corte de Justicia de Salta confirmó la declaración de constitucionalidad de las normas. No obstante, dispuso que se arbitre un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica durante el horario escolar y que los usos religiosos -como los rezos al comienzo de las jornadas, la colocación de oraciones en los cuadernos y la bendición de la mesa- tengan lugar únicamente durante la clase de educación religiosa.

La parte actora recurre ante la Corte Suprema de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de las normas, alegando que su aplicación trae aparejadas prácticas que lesionan los derechos constitucionales a la libertad de religión y de conciencia, a la igualdad, a la no discriminación y a la intimidad.

El ministro Carlos Rosenkrantz se excusó en este expediente por haber sido miembro de la Asociación por los Derechos Civiles al momento del inicio de la acción.


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