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El juez federal de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pedido del fiscal federal Eduardo Villalba y del fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y convocó a prestar declaración indagatoria para el próximo 17 de noviembre al exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, por nuevos hechos descubiertos durante la investigación que ya lo llevó a juicio oral y público como jefe de una organización ilícita que favorecía a imputados por narcotráfico a cambio de coimas y dádivas. 


La nueva imputación contra Reynoso es por haber confeccionado a cambio de dinero el acta de declaración indagatoria de un imputado en una causa por narcotráfico. El beneficiado era intensamente buscado por diferentes tribunales -incluso, por un homicidio- y nunca se presentó a declarar, aunque gracias al documento luego obtuvo la eximición de prisión. Además, el acusado tuvo un año de gracia, plazo que se tomó Reynoso para resolver su situación procesal en base al documento espurio.


El descubrimiento de la maniobra se realizó mediante un peritaje de las firmas del acta de indagatoria, que determinó que la rúbrica del imputado, el ahora detenido Delfín Reynaldo Castedo, era falsa.

 El hecho también fue imputado por Villalba e Iglesias a la secretaria de Reynoso, Romina Carola Reynoso Sosa, imputada de haber dado fe de la presencia de Castedo durante el acto de defensa inventado. También, está imputado el defensor de Castedo, quien rubricó el acta en representación de su ausente asistido.


De tal forma, Reynoso será indagado por cohecho pasivo, prevaricato y falsificación de documento público, en tanto que Castedo será indagado por cohecho activo, al igual que su abogado, quien además deberá responder por la falsificación del acta de indagatoria.


Este hecho introdujo a la secretaria judicial Reynoso Sosa entre los sospechosos de integrar la asociación ilícita ya elevada a juicio, que involucra no sólo al ex juez sino a otros empleados del juzgado y a abogados que litigaban en el fuero. Villalba e Iglesias la acusaron en calidad de miembro de la asociación ilícita, de concusión -cobro ilegal de sumas por parte de un funcionario en provecho público- en tres hechos, de cohecho pasivo y de falsificación de documento público.


Reynoso le concedió dos pedidos de eximición de prisión al prófugo, pese a que la Cámara Federal de Salta había sostenido la orden de captura.

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